Barcelona, segundo debate profesional de Compliance

La eficacia de los modelos de cumplimiento normativo ante el sistema judicial.

 

La ciudad de Barcelona, y concretamente su Colegio de Abogados, fue la sede, el pasado miércoles, del segundo debate de profesionales en materia de compliance penal, un evento organizado por las firmas Garberí Penal, Attrio Abogados Compliance Gap Analysis y Ecix, todos especialistas en cumplimiento normativo penal, con el fin de generar un debate sobre la actualidad de esta materia, su aplicación práctica y el estado más reciente en el que se encuentra desde la publicación de la norma UNE 19601.

En efecto, desde el pasado mes de mayo, merced a la autorregulación que permite la última reforma del código penal, junto al fenómeno de la normalización, el mundo del compliance ha asistido a la creación de una miríada de nuevos estándares, normas como la ISO 19600, de sistemas de compliance, la  ISO 37001, de sistemas de gestión antisoborno, y nuestra UNE 19601, sistemas de gestión de compliance penal. Estas normas recogen las guías, directrices, sugerencias y recomendaciones para crear, implantar, mantener y mejorar sistemas de gestión en las organizaciones (no solamente empresas) para alcanzar una cultura ética de cumplimiento de las normas, y hacer frente a sus riesgos penales, basada en el conocimiento técnico y la experiencia empresarial más reciente en sistemas de gestión.

Una serie de conferencias, seguida al final de cada una de un interesante debate, fue el formato elegido para esta jornada; como colofón, se generó un debate final entre los ponentes y los asistentes, consultores, juristas y empresarios, moderado por el abogado Ricardo Agud, coorganizador de la jornada y experto penalista.

El acto comenzó de la mano del abogado Alex Garberí, desgranando la nueva norma UNE 19601, sistema de gestión de cumplimiento penal, mencionando su importancia a efectos de seguridad jurídica para las organizaciones, al ser un estándar certificable, esto es, una vez implementado, una entidad acreditada puede dar fe de la validez y eficacia del sistema, que será uno de los requisitos en los que se fijará bien el juzgador ante casos de empresas investigadas, para poder declarar una eximente o atenuante de la responsabilidad penal; le siguió a continuación un análisis de la consideración entre órgano de compliance (el oficial de cumplimiento o compliance officer) y órgano de gobierno de la organización, considerando al primero un delegado del segundo.

Miguel Angel Montoya, socio de Attrio Abogados, continuó con la prueba de la cultura ética en la organización, asegurando que su falta supone parte del tipo objetivo de los delitos contra las personas jurídicas; la cultura de cumplimiento es un autentico bien jurídico, y su respeto es bueno para los negocios, aún cuando el Código penal (Art. 31 bis) no exige de por sí una cultura de cumplimiento, específicamente lo que trata es de la eficacia del modelo, por lo tanto de medidas que permitan alcanzar una exención o atenuación de la responsabilidad, pero desarrollar y contar con una cultura ética adecuada es el fin buscado en la normalización, y así se observa, por estar recogido, en los estándares internacionales y en el nuestro propio, la UNE 19601.

La siguiente intervención corrió a cargo de Néstor Aparicio, abogado y miembro del grupo Ecix, con una ponencia sobre el tema cardinal en cumplimiento normativo: El riesgo. Siendo que en la actividad de toda organización hay siempre riesgos (en este caso, de que se cometan delitos), se hizo hincapie en los modelos de gestión y análisis para medir las vulnerabilidades, debiendo analizar cada riesgo al que esté expuesta la organización, junto a qué medidas implantar para vencerlos, cómo auditar la corrección de las medidas y cómo mejorar; en caso de juicio, el juez podría requerir no la documental, sino partes de la documental del sistema para asegurarse de que una empresa ha actuado debidamente.

Fue también el momento donde se habló de los programas de software especializados en gestión y sistema de compliance, que han tenido un impulso imparable a la par que el área de cumplimiento normativo, y que son un soporte útil para los expertos, que no su sustitución.

Jorge Alexandre Gonzalez, doctor en Derecho, en representación de la entidad certificadora EQA, fue el tercer ponente de la jornada. Al implantar correctamente un sistema de gestión, llega el momento de evaluarlo, auditarlo cada cierto tiempo e ir mejorando toda la estructura de acuerdo a nuevas necesidades. Igualmente, debe validarse que el sistema y su estructura se ha creado correctamente, de acuerdo a las especificaciones de las normas, y son las certificadoras las encargadas de sellar toda la documental generada y analizar la organización, dando fe de una generación correcta de su sistema de gestión, y dando igualmente seguridad jurídica ante una eventual investigación penal. Simplificando el estado del cumplimiento en España, tendríamos:

  • UNE, que normaliza sobre los sistemas de gestión.
  • ENAC, única entidad nacional que acredita que las certificadoras reúnen los requisitos y garantías de las normas, que son competentes y fiables.
  • Las entidades certificadoras, que analizan, valoran y aseguran la validez de los sistemas de gestión.

El último  ponente de la jornada fue el Magistrado José María Torras Coll, que habló sobre la valoración en sede judicial de los programas de cumplimiento, e hizo referencia a la última jurisprudencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En un ambiente de los negocios y la actividad económica, donde se busca un marco político estable, una seguridad jurídica y una predictibilidad de los tribunales, la existencia de un sistema de gestión implementado, certificado, auditado y validado, con su soporte documental y su estructura, es una prueba más, no definitiva pero sí influyente, que se tendrá en cuenta para aceptar la eximente o atenuante, en su caso, de la organización, caso de que acabe investigada por presuntos delitos ocurridos en su seno.

Por ello, interesará aportar al proceso toda la fuente de prueba que demuestre la corrección en su sistema de cumplimiento, lo  antes posible, considerando las normas del proceso penal, al no contar todavía con un estatuto jurídico de la persona jurídica, ni del delator (whistleblower), que hace uso del canal de denuncias en la organización para presentar la comisión de una ilegalidad.

En suma, una jornada muy productiva para actualizarse y estar al día en materia de cumplimiento, que ha supuesto un nuevo éxito, al igual que el primer debate celebrado en Madrid por la asistencia de público y nivel de los ponentes, y una oportunidad para conocer y desvirtualizar a muchos expertos y amigos. Enhorabuena a todos y suerte en las sucesivas convocatorias.

Alberto LLoret.

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